Esta ley, que se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, reivindica expresamente la Transición y la defensa de los valores democráticos, y condena por primera vez el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista.
El ministro Félix Bolaños aseguraba que se pasa definitivamente página de la etapa más negra de la historia de España, de la Dictadura y de la Guerra Civil, y se abraza y reivindica lo mejor de la historia, a las personas que lucharon por la democracia, por la Transición, por la Ley de Amnistía y por la Constitución».
Se trata de una ley humanitaria, que sitúa a todas las víctimas en el centro de la acción pública, creando un registro y censo de víctimas para darles visibilidad, entre otras medidas.
La Ley de Memoria Democrática está con las víctimas y consigue iniciar un nuevo camino, situando a España al mismo nivel que otras democracias europeas y ajustando a nuestro país a los principios de derecho internacional.
Principales novedades
Respecto a la verdad
- Declara el derecho de los familiares y la sociedad a conocer lo ocurrido.
- El Estado asume el liderazgo en la búsqueda e identificación de desaparecidos y el impulso de las exhumaciones.
- Garantiza la preservación de documentos y el acceso a los archivos.
- Impulsa la creación de un banco nacional de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura.
- Recoge un reconocimiento explícito del papel del movimiento memorialista y crea una estructura estable de participación a través del Consejo de la Memoria Democrática.
Respecto a la justicia
- Declara la ilegalidad de los tribunales franquistas de excepción y la nulidad de sus sentencias y pone en el centro de la acción pública a las víctimas. Esto dará lugar al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal.
- Declara el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos de la guerra y la dictadura hasta la promulgación de la Constitución de 1978.
- Impulsa la creación de una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la Fiscalía General del Estado como instrumento de la investigación.
Respecto a la reparación
- Avanza en la necesidad de realizar una auditoría y un inventario de bienes incautados y sanciones económicas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
- Se incluyen dos nuevos supuestos de adquisición de nacionalidad española para quienes sufrieron el exilio: los hijos e hijas, nacidos en el exterior, de españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978, y los hijos e hijas mayores de edad de españoles a quienes les fue reconocida la nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción.
Respecto al deber de memoria como garantía de no repetición
- Los contendidos de memoria se han incluido en las enseñanzas de ESO y Bachillerato.
- Se fomentará la investigación en materia de memoria democrática
Además, la ley reconoce expresamente el papel desempeñado por las mujeres en su lucha por la conquista de derechos y libertades que ocupan un lugar transversal y singular a lo largo de la norma. También establece la obligación de retirar vestigios franquistas, dispone la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo o actividades que supongan menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas y establece un régimen sancionador con multas para garantizar el cumplimiento de ley.
La norma establece dos días oficiales de memoria: el 31 de octubre, para el recuerdo y homenaje a todas las víctimas, y el 8 de mayo, para el recuerdo y homenaje de las víctimas del exilio.
Finalmente, incluye una regulación exhaustiva de los supuestos contrarios a la memoria democrática, avanza en lo relativo al patrimonio documental, regula los lugares de memoria y modifica el régimen jurídico del conjunto del Valle de los Caídos como paso previo a su resignificación.
La Ley de Memoria alcanza hasta el año 1978, año de aprobación de la Constitución Española, pero, como sucede en otras normas autonómicas, contiene una disposición adicional que permitirá la creación de una Comisión de expertos que pueda investigar posibles vulneraciones de derechos humanos a personas que lucharon por la libertad y la democracia desde la entrada en vigor de la Constitución hasta 1983.